La desesperación de los migrantes que arriesgan la vida en la frontera entre El Salvador y Honduras

Una fila de policías corta el paso sobre el puente del río Goascorán, que sirve como frontera entre El Salvador y Honduras.

Originalmente publicado en BBC World: Artículo Original

Es jueves y pocos minutos pasan de las 6:00 de la mañana. Los agentes custodian los movimientos de un centenar de hondureños, campesinos y agricultores en su mayoría, que aún cubiertos con frazadas y pedazos de plástico, luchan con el frío y la lluvia.

Algunos tiemblan, todos tienen hambre. “No traigan cámaras, traigan comida”, grita una mujer a la distancia.

Los hondureños intentan cruzar la frontera desde el miércoles. Son parte de las caravanas de migrantes que partieron esta semana del país centroamericano con la intención de llegar a Estados Unidos.

Son quienes desataron la ira del presidente Donald Trump, quien amenazó con interrumpir las ayudas económicas a Honduras, Guatemala y El Salvador si permitían que sus ciudadanos viajaran “con la intención de entrar a EE.UU. de manera ilegal”.

Grupos similares atraviesan Guatemala y México, en algunos casos son acompañados por la policía y refugiados en albergues locales.

En El Amatillo la historia es otra: tirados sobre el asfalto del puente, los migrantes hondureños se mueven con cierta parsimonia, como arropándose con el poco calor de los primeros rayos del sol.

Entre aquellos bultos dormidos sobre la carretera, el pequeño Ángel David Cobán, de 12 años, juega y se ríe. Se para frente a los policías, que le doblan la estatura, y parece como si les hiciera frente al tiempo que entona una melodía:

“Yo me voy de mi país, aquí no quiero vivir, porque si me quedo aquí, de hambre voy a morir”. Son versos de “JOH, pa’ fuera que vas”, una canción del hondureño Macario Mejía que es todo un himno entre los detractores del presidente del país, Juan Orlando Hernández.

“Sufrimos demasiado”

La madre de David, Leslie Cobán, lo vigila a la distancia. Sentada junto a otras madres, ninguna aparta la vista de sus hijos mientras juegan. Todas, también, comparten sus razones para aventurarse en esta travesía: coinciden en una vida mejor y en el ansiado sueño americano.

Como ella, los integrantes de la caravana aseguran vivir una situación desesperada en su país. Dicen que huyen de la pobreza y de la violencia que azota Honduras por el asedio de las pandillas.

“Sufrimos demasiado (en Honduras) para ganar solo 100 pesos al día”, comenta Félix Moreno, una de las mujeres junto a Leslie. “El camino es largo y apenas vamos comenzando”, agrega.

“Con lo que gano solo me alcanza para la leche del niño y no para la comida”, expresa Paola, sentada al otro lado de Leslie, mientras carga a Mauricio, su hijo de apenas un año de edad.

“Mi niña me pide que me regrese”, agrega Félix y su hija de 12 años juega con la mano del pequeño. Mauricio solo ríe.

Entre la mañana y la noche de este miércoles, fueron cerca de 300 los hondureños que llegaron hasta la barrera de policías de aquel punto fronterizo.

Las autoridades de migración le cortaron el paso a todos aquellos que no portaran sus documentos de identidad en orden o que viajaran con menores de edad que no tuviesen la autorización de ambos padres: la gran mayoría.

Así, decenas de migrantes, en su mayoría madres y sus hijos, vieron truncado su camino. Entre ellos, David y su madre.

Cerca de las 7:00 de la mañana, rodeados por policías, pues del lado hondureño también se había formado ya un cerco de agentes antimotines, los migrantes comenzaron a desesperarse.

“Nada que perder”

De a poco fueron agrupándose al centro del puente: “Hay que cruzarnos el río, no hay de otra”, se escuchó una voz al centro del grupo.

“Compremos una soga y nos tiramos del puente”, dijo otra voz.

“Que el que se ahorque sea Juan Orlando”, respondió en referencia al presidente Hernández, una madre con su hijo en brazos.

“Y que se ahorque el presidente salvadoreño también”, añadió un joven.

Todos hablaban, todos tenían algo que decir. “Pero las mujeres no pueden cruzar solas”, dijo Wilson Funes, un joven de 28 años que por momentos tomaba la voz cantante en el grupo.

La idea de cruzar el río fue tomando fuerza hasta que no hubo nadie que se opusiera. Wilson y otro grupo de jóvenes se pusieron al frente de la caravana, que había dado media vuelta y ahora cruzaba el puente de vuelta a territorio hondureño.

“En Honduras, yo no tengo nada que perder y si me va bien tengo mucho que ganar”, afirmaba Wilson mientras recorría el kilómetro y medio que hay entre el puente fronterizo y el tramo más estrecho del río, en lado hondureño.

A mitad de camino, un hombre de unos 40 años, se desplomó sobre el suelo en un ataque epiléptico que duró un par de minutos. Nadie supo qué hacer.

“Esas son las consecuencias de las ingratitudes de los policías de El Salvador al no dejarnos pasar, porque tenemos tres días con hambre, aguantando sol, aguantando lluvia”, dijo Wilson de pie junto al hombre.

Cuando los espasmos disminuyeron, él y otro joven se acercaron para levantarlo del suelo.

“Que nos dejen pasar, solo eso pedimos”, añadió mientras levantaba al hombre, visiblemente confundido.

“Si los salvadoreños piensan que nos vamos a llevar algún poquito de tierra, en la salida nos sacudimos la planta de los pies y que les quede la tierra ahí”, sentenció y siguió el rumbo hacia el río.

Cruzando contracorriente

Ya en la orilla, los hondureños se detuvieron unos minutos a reconsiderar la idea de cruzar el Goascorán. Las intensas lluvias de las últimas semanas elevaron el nivel del agua y cualquier esfuerzo parecía un peligro inminente.

Después de varios minutos, los más jóvenes retomaron la iniciativa y comenzaron a atar dos o tres cuerdas y las tensaron sobre la parte más estrecha del río.

“Sería una cobardía que no nos pasemos esto, ¿cómo nos vamos a pasar el Río Bravo, entonces?”, dijo, con todo el valor del mundo, uno de los hombres más jóvenes del grupo en alusión a la frontera entre México y Estados Unidos, mientras se quitaba los zapatos, preparándose para cruzar.

De cada lado de la cuerda, dos hombres la sostenían con fuerza y el resto guiaba al grupo. La primera en atreverse fue una joven de no más de 25 años.

“Agárrese con fuerza y no se suelte del lazo”, le advirtieron cuando el agua ya le llegaba a la cintura y la fuerza de la corriente comenzaba a empujarla. “No se suelte, no se suelte”, le gritaban desde el lado hondureño.

El silencio invadió el lugar cuando la mujer llegó al punto más crítico, en donde la corriente prácticamente la acostó sobre el agua. “Se va a soltar”, se escuchó tímidamente en el grupo.

Pero la mujer tomó fuerzas y consiguió llegar a la otra orilla. Del lado hondureño hubo gritos y aplausos: el valor los invadió.

Uno a uno, hicieron fila para cruzar hasta que le tocó turno al pequeño David, el chico de 12 años que cantaba en la frontera. Su madre lo encomendó a Dios.

“Si nos llega a pasar algo se van a arrepentir, porque todo esto (cruzar el río) lo estamos haciendo porque no nos dejan pasar”, dijo la mujer antes que su hijo comenzará a avanzar dentro del agua.

El niño cruzó sin dificultad alguna. Su madre lo alentaba desde la orilla. “Ese es mi hijo, esa es mi sangre”, le gritaba y en su voz se descifraba un tono de orgullo y esperanza. “Ese es un hondureño huevón”, respondieron los hombres que sostenían la cuerda del otro lado del río.

Llegó el turno de Leslie, la madre de David. La mujer, cansada por el camino o un poco emotiva por ver cruzar a su hijo, tomó la cuerda entre sus manos. David gritaba desde el otro lado: “mamá, mamá”.

Leslie avanzó lento y en el punto más crítico se detuvo para gritar “esto lo hago por vos”, con la mirada puesta en la orilla en donde su hijo ya la esperaba, un poco asustado.

Quienes no se atrevieron a pasar el río, regresaron a pie hasta la carretera que lleva hasta la frontera El Amatillo. En el trayecto, un automóvil se detuvo y les regaló a los migrantes un refresco y algo para comer.

Algunos se sentaron en una roca cercana a descansar y otros tomaron un autobús de vuelta a casa.

“¿Por qué los otros niños tienen papá y yo no?”, huérfanos de policías asesinados en El Salvador

El agente José Adán Servellón Benavides fue asesinado frente a dos de sus hijos en agosto de 2015, tenía 37 años de edad y trece formando parte de la Policía Nacional Civil (PNC) Se dirigía a conseguir comida para su familia cuando fue interceptado por un grupo de pandilleros, quienes le dispararon en la cabeza. Murió en pocos minutos.

Originalmente publicado en BBC World: Artículo Original

Con su muerte, Adán Servellón dejó a cuatro menores en la orfandad y a su pareja embarazada.

“Fue una tragedia, por cómo lo mataron, por cómo era él y por la familia que dejó”, relata un agente policial en servicio, amigo cercano de Servellón, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias.

En El Salvador, la guerra contra las pandillas ocasiona decenas de muertes de policías cada año. Asesinados a sangre fría o en enfrentamientos, en el país han muerto más de 176 agentes de forma violenta desde 2013.

La mayoría han sido víctimas de alguna de las dos principales estructuras criminales que operan en el país: Mara Salvatrucha y Barrio 18, que hacen de esta pequeña nación centroamericana, una de las más violentas del mundo.

Los policías asesinados dejan tras de sí a centenares de niños huérfanos que ingresan a un sistema de asistencia social que, según voces críticas, los confina al completo abandono, con apoyos económicos que no sustentan siquiera la alimentación básica y menos otros derechos fundamentales.

“Ahí no matan, ahí ahorcan”

BBC mundo pudo comprobar que en ese estado se encuentran los cinco hijos del agente Adán Servellón.

Viven en el municipio de Huizucar, una aislada zona rural a 30 minutos de la capital, San Salvador. Para llegar hay que atravesar una complicada ruta, constantemente asediada por pandillas.

Es la única forma de entrar o salir. En ese camino, cerca de un puente, mataron al agente Servellón. A las afueras del pueblo, no importa a quien se le pregunte, la advertencia es siempre la misma: no entrar en ese sendero con demasiada confianza.

“Ahí no matan, ahí ahorcan”, afirma, con risa nerviosa, una mujer desde la puerta de su casa.

La zona muestra la pobreza en la que suelen vivir los policías y sus familias.

Esa condición se vuelve incuestionable al ingresar en la casa de Carolina Cornelio, la viuda de José Adán Servellón.

Sus hijos ahora tienen catorce, doce, once, cinco y un año y medio de edad. Los primeros cuatro estudian, pero los mayores deben trabajar para ayudar con los ingresos del hogar.

Siembran frijol y maíz, una parte de lo cultivado es para que la familia se alimente y el resto para conseguir algo de dinero. La abuela de los menores viaja, junto a una de sus nietas, al pueblo más cercano para vender el producto.

Es muy poco. “A veces no hay que darle a los niños, aunque pidan, no hay qué comer”, señala Carolina con resignación en su tono. Ella trabaja ocasionalmente lavando y planchando ajeno.

Va solo cuando la llaman, “no es seguro salir demasiado, por la situación”, declara bajando el volumen de su voz y mirando a los lados, como asegurándose de que nadie más la escuche.

La mujer asegura haber entregado todos “los papeles” que la policía le solicitó: actas de matrimonio y defunción de su esposo, documentos del seguro y todo lo relacionado a ella y su familia; sin embargo, no han conseguido respuesta y afirma que tampoco se han acercado a representantes de la policía para conocer de oficio los detalles de su caso.

Carolina defiende que la corporación conoce de la existencia de los cinco hijos de Adán; sin embargo, más allá de una primera ayuda para el sepelio de su pareja, no han recibido nada. “No sé a quién se lo estarán dando, pero a mi no es”, añade.

Asistencia

En agosto de 2015, dos meses después de la muerte de José Adán, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el entonces director de la policía, Mauricio Ramírez Landaverde, anunciaron el inicio de su plan de asistencia a hijos y familias de agentes asesinados.

El programa otorgaría una cuota mensual escalada para los menores de 18 años, además de incluirlos en un sistema de becas de estudio.

El proyecto, dijeron, se financiaría a través de un fideicomiso de US$787.500 impulsado por la empresa privada y la ciudadanía. Para 2017, el presupuesto general aprobado para la policía es de más de US$430 Millones, de los cuales $274.920 están dedicados al apartado de atención a víctimas de delitos, es decir un 0.063% del presupuesto total.

No existe, en el presupuesto de la corporación, otro apartado referente al tema y no son públicos los detalles sobre si ese monto incluye a hijos de policías asesinados, hay quienes creen que no es así.

Uno de los que piensa que la policía cuenta con los fondos suficientes para acompañar a estas familias y no lo hace es Marvin Reyes, presidente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), que vela por los derechos de los agentes policiales.

Él considera que los programas de apoyo a familias de policías que murieron realizando su trabajo o a consecuencia de este, realmente no existen. Afirma que los anuncios del gobierno son una estrategia propagandística.

“Realmente, la policía no le da ningún seguimiento a la familia”, dice. En su opinión, lo mínimo que deberían hacer es “dejarle de por vida a la familia el salario que el policía ganaba, asegurar planes de estudio para los hijos y atención psicológica para todos los integrantes”.

“Parece que hubiera un desprecio hacia el policía y su familia por parte de las autoridades”, asegura.

Ausencia

Lo cierto es que ninguno de los programas, reales o ideales, han tocado a la puerta de Carolina y sus hijos.

Ellos estudian en la pequeña escuela del caserío en el que habitan, excepto el mayor, quien debe viajar hasta el pueblo más cercano para recibir clases. Lo hace caminando, por la única ruta existente, pasando todos los días por el punto exacto donde vio morir asesinado a su padre.

Él no habla mucho del tema, pero su madre dice que a veces llora cuando cree que nadie lo está viendo. Aunque si hijo de doce años, que también presenció la muerte de su padre, pregunta constantemente por su él.

“¿Por qué los otros niños tienen papá y yo no?”, cuestiona a su madre y ella no sabe qué responder.

Carolina piensa que sus hijos, además de asistencia económica, también necesitan ayuda psicológica. “A veces solo pensando en eso pasan y tienen pesadillas. Ellos quieren que todo siga igual, pero ya no se puede”.

Unos días después del asesinato de José Adán, la policía lo despidió con honores, como es costumbre.

A Carolina le entregaron una bandera de El Salvador, la misma que el día del funeral cubrió el ataúd. Los niños que nada más volver del cementerio comenzaron a sentir la ausencia. Su padre los acompañaba a la escuela, les compraba los uniformes, libros y zapatos. Los hacía sentir seguros.

“Es duro ver cómo quedaron y el olvido en que los han dejado”, señala el agente que fue amigo de Adán.

Él y otros compañeros de la delegación en donde el policía estuvo destacado, apoyaron a la familia con víveres y la gestión y los trámites que hicieran falta para que los menores fueran incluidos en los programas de ayuda de la corporación policial.

“Fue tan matador, viajar y viajar sin apoyo de nadie por parte de la institución”, agrega.

“Bienestar Policial se aprovecha de la situación y si la familia no presiona se agarran la plata”, afirma el agente, en referencia al bono mensual que debería recibir cada hijo de un agente asesinado.

Bienestar Policial es el nombre de la dependencia de la PNC que se encarga de organizar los sepelios. Estos suelen ser actos públicos y mediáticos a los que asisten altos dirigentes de la corporación para presentar sus respetos a la familia y despachar discursos sobre exhaustivas investigaciones para dar con los culpables.

Esa misma dependencia debe dar seguimiento y asistencia a las familias de los policías asesinados

Sin embargo, Carolina asegura no haber vuelto a saber de esa institución después del sepelio. Únicamente recuerda que en algún momento le mencionaron que la asistencia sería de $25 dólares por cada uno de sus hijos.

“Eso en un par de zapatos se va”, afirma. “¿Y para que coman todos?”, lanza la pregunta al aire, mientras sostiene entre sus manos la bandera que le entregaron en el funeral de su esposo. Lo único que le queda.

La historia de Wendy

En similares circunstancias se encuentra la familia de la agente Wendy Yamileth Alfaro Mena, que fue asesinada también en 2015. Tenía 27 años de edad y los últimos cuatro formando parte de la policía.

Al igual que el agente Servellón, fue emboscada por cinco pandilleros cuando compraba comida para su familia, a escasos metros de su hogar, en el oriente del país.

En ese año, el de mayor número de muertes de policías en la historia de El Salvador, su caso fue particular por ser la primera mujer policía asesinada por pandilleros. Con su muerte dejó a un pequeño de dos años en la orfandad.

Marvin Reyes conoció de cerca el caso. Recuerda que familiares de Wendy tomaron en custodia al niño para protegerlo de posibles represalias e incurrieron en gastos para cumplir con los trámites y documentos que se exigían para formar parte del programa que prometía el gobierno.

Recuerda que incluso debieron demostrar que Wendy realmente había muerto en las circunstancias en que lo habían descrito

Después de muchos viajes a la capital y engorrosos procesos y entrevistas, el hijo de Wendy consiguió ser incluido y aun así debió esperar cerca de medio año para recibir el primer desembolso económico: 50 dólares, que no cubrieron siquiera los gastos que tuvo la familia para incluir al menor en el programa.

Cuando preguntaron por las becas que el gobierno había prometido, la respuesta fue que la corporación estaba esperando a que alguna institución se acercara a ofrecerlas, según Reyes, “la PNC no busca ni gestiona de oficio las ayudas que promete para los hijos de los policías asesinados. “

“Me lo contaban a mí con una decepción tremenda”, agrega el expolicía. “Para las autoridades que dirigen la corporación, la vida de un elemento policial que recibió una muerte horrible, vale 50 dólares y ningún esfuerzo más”, lamenta.

Ola de homicidios

En lo que va de 2017, trece policías han muerto a causa de las pandillas. En el mes de julio ocurrió la mayor ola de homicidios, en pocos días fueron asesinados al menos seis agentes.

Uno de los casos que causó mayor conmoción es el del agente Víctor Alcides, de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado dentro de bolsas plásticas en una transitada carretera a las afueras de la ciudad.

El más reciente homicidio fue el del sargento Víctor Manuel Salazar, quien, como en la mayoría de los casos, se encontraba de licencia cuando fue atacado por pandilleros dentro de su casa, a la vista de su familia.

Óscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador dijo a la prensa, que “el apoyo que le vamos a dar a las familias es como el que le estamos dando a todas las familias de policías caídos”, reiteró.

Además dijo que “esto no va a hacer desanimar esta gran cruzada que tenemos contra el crimen y la extorsión” y agregó que “debe reforzar la moral nacional y la moral de nuestra policía”

Ante el incremento del asesinato de policías, el Movimiento de Trabajadores de la Policía, liderado por Marvin Reyes llamó a los agentes a protestar por la falta de garantías para llevar a cabo su trabajo.

“Hagamos temblar las calles”, dice el comunicado que difundió el MTP: “vamos, a una sola voz, a denunciar la actitud de desprecio por parte de las autoridades ante la muerte de compañeros, así como la inexistencia de planes de protección para los trabajadores policiales y su familia”.

En repetidas ocasiones, BBC Mundo intentó conocer la opinión de las autoridades de Bienestar Policial sobre la implementación de los programas de asistencia a agentes de la corporación y sus familias; sin embargo, no hubo respuesta a pesar de la insistencia por diversas vías.

Muchos casos

Eso lo sabe bien Mirna Alvarez. Ella fue policía y parte del equipo de Bienestar Policial en el occidente del país. Por sus manos pasaron incontables casos de asistencia social a familias de policías asesinados.

Ella confirma a BBC Mundo que, como la familia del agente Servellón o la agente Alfaro, hay decenas por todo El Salvador.

Según Mirna, Bienestar Policial no se preocupa por conocer las particularidades y necesidades de cada caso y cada familia. “No lo hacen, por mi ha pasado”, declara; “eso solo es teatro público”, agrega.

La ex policía denuncia que ella fue retirada de su cargo, en parte por explicarle a los policías y a sus familias cuáles son sus derechos.

“Hay casos en donde el fallecido no tiene a nadie en los seguros y ellos se quedan con ese dinero”, confirma y señala que, en efecto, la ayuda para los hijos de los policías asesinados no es suficiente como para cubrir el costo de la canasta básica de una familia y las autoridades lo saben.

“No es justo que la institución a la que tanto se ha servido, trate a las familias como que son perros”, agrega y advierte que el abandono de las autoridades es un factor que abona al incremento en el número de ataques a policías y a sus familias, que la impunidad en que viven quienes dañan a un agente o a sus familiares es la clave de ese aumento.

La razón

Marvin Reyes, que fue parte de la corporación policial por más de 20 años, cree que el incremento en el número de ataques a policías se debe, en parte, a la implementación de una serie de medidas extraordinarias que, entre otros puntos, refuerzan la seguridad en Centros Penales, restringen privilegios a reos y cabecillas de pandillas recluidos, además de reforzar la seguridad pública con ayuda del ejército salvadoreño.

“Cuando ellos (los pandilleros) se ven acorralados en muchos aspectos, recurren a medidas que incluyen el asesinato de familiares, policías, miembros del ejército y centros penales”, afirma Reyes.

En su opinión, el objetivo es incidir en la moral y afectar así a los responsables de salvaguardar la seguridad pública.

Reyes también cree que la muerte de policías se debe a una respuesta por parte de las pandillas a las acciones operativas que ordena la dirigencia de la corporación y que los agentes no tienen otro remedio que obedecer.

“Violencia genera violencia”, afirma y señala que “se está produciendo una espiral de venganza que va a ser difícil de tratar en un futuro cercano”.

“Cuando no lo pueden matar a uno, matan a la familia. Los padres, hijos, esposas, hermanos, tíos, sobrinos y todo aquel que tenga vínculos con alguien de la institución”, señala también Mirna Álvarez.

En lo que va de 2017, doce familiares de policías han sido asesinados por pandilleros, superando, por primera vez, al número de agentes muertos, que a esta fecha es de nueve. Las medidas extraordinarias que debían concluir en abril de 2017, fueron prorrogadas un año más por la Asamblea Legislativa.

Desde la fundación de la Policía Nacional Civil, en 1992, más de 1.100 agentes han sido asesinados.

La historia de Karla Avelar: la primera voz de la comunidad transexual en El Salvador

En una oficina que intenta no parecer improvisada, a la mitad de un viejo barrio que no consigue ocultar su inseguridad, trabaja Karla Avelar: la primera mujer transexual de la historia en ser nominada al premio de la Fundación Martin Ennals, que se entrega a activistas que luchan por los derechos humanos alrededor del mundo.

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“El Estado, el gobierno y el mundo, deben entender que hablar de personas LGBTI también es hablar de derechos humanos”, sostiene la activista desde su modesto estrado.

Karla es, desde 2008, la cabeza de Comcavis Trans, una organización que trabaja por generar transformaciones para la comunidad LGBTI en El Salvador, país en el que 17 personas LGBTI fueron asesinadas entre enero y marzo de 2017, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Karla está convencida que la intolerancia es la principal causa de esas muertes. Ella misma vivió de cerca esa discriminación en la conservadora provincia rural en que creció, al norte del país.

Desde pequeño, Carlos – su nombre original- se sintió incómodo por ser un niño y esos sentimientos lo arrinconaron en situaciones de maltrato y abuso. Fue violado por uno de sus primos a los nueve años y eso lo obligó a escapar de su hogar. “Esa noche no dormí, me fui con lo que tenía puesto y no le dije a nadie”, recuerda.

Sin dinero, llegó a las periferias de la capital salvadoreña. Durmió en las calles, sin alimento ni cobijo. Tenía poco menos de 10 años. Vivió de limosnas y de suerte durante seis meses y a pesar de la adversidad, hubo un logro: ese año se vistió como hombre por última vez; Carlos, el pequeño que huyó, había quedado en el pasado.

Karla – como decidió llamarse- consiguió un trabajo doméstico en San Salvador, otro buen augurio en el horizonte, pero no fue así. Sin saberlo, realmente estaba por comenzar una tortuosa relación con uno de los grupos criminales más violentos de la región, responsable de miles de muertes. Tenía apenas 12 años.

Entre pandillas y prostitución

Cuando realizaba una diligencia para su nueva patrona, Karla tuvo que cruzar la línea que dividía los territorios dominados por las dos principales pandillas salvadoreñas, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, una auténtica sentencia de muerte.

Una de las dos facciones, ella prefiere no señalar cuál, se percató del “arrebato” y no dejó que pasara por alto. Varios sujetos la secuestraron y llevaron a una construcción abandonada en donde fue violada por al menos 15 hombres, el tono de su voz deja en evidencia que prefiere no vagar demasiado por ese pasaje de su memoria. No denunció pero consiguió escapar con vida.

Se nos catalogó como personas enfermas, como personas que no tenían derecho a organizarse

De vuelta en las calles, conoció a Diana, una mujer transgénero de 19 años. Ambas se abrieron paso en el mundo de la prostitución, un oficio bien pagado a finales de los 90 en la capital salvadoreña. “En una sola noche gané casi US$5.000”, asegura.

“Era una adicción, casi una droga”, confiesa. Junto a Diana afrontó las adversidades de las calles, parecía que con ella, Karla encontró una familia y un hogar, o al menos lo más cercano.

Sin embargo, no todo fue “prosperidad” durante esa época. A sus 15 años, Karla encaró a la muerte en más de una ocasión; la más relevante: cuando recibió nueve disparos de bala a quemarropa. Pasó varias semanas en estado de coma, y cuatro meses en cama.

“Lo único bueno que saqué, fue reencontrarme con mi familia”, destaca. Recibió el alta médica y una semana después, frente a la incrédula mirada de quienes la vieron casi muerta, regresó a las calles, su adicción.

Pero algo era diferente, Karla no quería que un ataque como el que sufrió se repitiera y en 1994 intentó formalizar sus exigencias de derechos igualitarios en el primer movimiento de mujeres transexuales de El Salvador, conocido como “El Nombre de la Rosa”.

“Se nos catalogó como personas enfermas, como personas que no tenían derecho a organizarse”, recuerda. Pero Karla no solo luchaba por ella: Diana, la mujer transexual que le tendió una mano, años atrás, había sido asesinada por su pareja, un policía.Los cuerpos de seguridad vienen arrastrando un régimen de violencia en contra de la comunidad”, analiza Karla al recordar lo que sucedió con su amiga.

“Ahora mismo hay policías involucrados en intentos de asesinato en contra de personas de la comunidad LGBTI”, añade.

“Nosotras, de parte de ellos recibimos extorsiones, persecución, amenazas, violaciones, acoso, ataques físicos, intentos de asesinato, robo”, y la lista crece según informes que Karla prefiere mantener confidenciales por temor a represalias.

Así lo reafirma Tatiana, una de las mujeres que más tarde ayudarían a fundar Comcavis Trans. “Las mujeres trans éramos violentadas en las calles y nadie decía nada”, dice. “Veníamos de allí y nació en nosotras una convicción de ayudar a estas personas”, agrega.

Esa convicción fue tan fuerte, que muchas de esas mujeres, paulatinamente, fueron dejando su trabajo en las calles para unirse al trabajo de activismo social de Karla y Tatiana. Hacían a un lado su única fuente de ingresos para defender sus derechos y el de otras mujeres transexuales.

“Había un espíritu vivo de compromiso”, señala Karla, “Sin embargo, nunca pensamos llegar hasta donde hemos llegado”, añade Tatiana.

Una larga estancia en prisión

En 1996, cuando Karla daba sus primeros pasos en el activismo por los derechos humanos, volvió a ser víctima de agresiones, esta vez por parte de uno de sus clientes, mientras trabajaba en las calles, de las cuales no había conseguido separarse. Se defendió y ese hecho marcó su destino por los siguientes cuatro años, al ser encontrada culpable por el ataque y condenada a prisión hasta el año 2000.

Los relatos de abusos, durante su estancia en prisión, son casi interminables. La mayoría son secretos a voces que las autoridades prefieren minimizar, otros despiertan asombro y hasta indignación. Unos cuantos se escapan, por mucho, del imaginario colectivo y parecen sacados de historias de terror.

El suceso más vívido en la mente de Karla es el castigo que recibió por realizar una denuncia de malos tratos por parte de los custodios en la zona en donde estaba recluida. La reprimenda consistió en esposarla, por ambas manos, a un árbol que se encontraba en un patio trasero.

Con la voz entrecortada, Karla intenta describir aquella escena de tortura: “Mis brazos estaban estirados, esposados a las ramas y las puntas de los dedos de mis pies, apenas tocaban el piso, así pasé toda la noche”, relata, en un punto entre la rabia y el llanto. Ningún grito o petición de clemencia fueron escuchados

Su estancia en prisión no hizo más que reforzar sus ideas de activismo social. A su salida de prisión, a pesar de la oportunidad de recibir asilo en Estados Unidos por las constantes amenazas, ella decidió no abandonar su país.

“Karla sabía que muchas cosas eran imposibles, pero ni así dejaba de intentarlo”, recuerda Tatiana, mientras mira a Karla como cuando una madre ve con orgullo los logros de su hija.

Reconocimiento y nuevas amenazas

De vuelta a la improvisada oficina de Karla Avelar, afuera, frente a su única ventana, ondea una bandera multicolor, símbolo internacional de la comunidad LGBTI, lo único que diferencia a esa casa del resto.

No está escondida pero tampoco pretende llamar demasiada atención. Está puesta ahí, en ese punto en particular, para que quienes buscan Comcavis no se pierdan. Pero también por seguridad, ahí puede esquivar las miradas que se incomodan con facilidad, así es como se previenen los ataques.

Karla dice estar acostumbrada, su historia da fe de ello. Por ejemplo, su nominación al premio Martin Ennals, además de atraer la atención del mundo hacia su trabajo por los derechos humanos, también llamó el interés de esas estructuras criminales, con las que ha tenido que convivir con el paso de lo años.

Dos días después de publicarse la noticia de su postulación, el 28 de abril, tres hombres, que Karla identifica como pandilleros, la buscaron en su hogar para exigirle la mitad del dinero que se otorga al ganador, ellos pensaban que el premio ya se le había entregado. La amenazaron de muerte si no cumplía con sus demandas en tres días. Ella decidió huir y refugiarse en un sitio más seguro.

“El trabajo que nosotras hacemos no es legítimo para muchas personas y para partes del gobierno”, afirma.

Sus denuncias públicas son respaldadas por organismos internacionales como la Organización Mundial en Contra de la Tortura y las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Esas oficinas enviaron, en los últimos días, cartas con exigencias de garantías de seguridad para la activista y sus allegados, por parte de las autoridades salvadoreñas, con mención al Presidente en persona.

“Si nos hubiéramos quedado calladas, posiblemente todavía no tendríamos el derecho a organizarnos ni a exigir seguridad”, concluye Karla. Sin embargo, a la fecha, no ha recibido respuesta.

La economía de El Salvador crecerá menos que la de Haití en 2019

Según datos de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía salvadoreña crecerá 0.4% menos que la isla caribeña en 2019.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la expansión de la economía salvadoreña será de 2.4% en 2019. Eso ubica a El Salvador en la mitad inferior de la tabla de crecimiento económico, con respecto al resto de países de América Latina.

En promedio, las economías de América Latina crecerán un 1.7% en 2019: Cepal proyecta que cerrarán 2018 con un crecimiento del 1.2%. El Salvador no ha variado su última proyección con respecto a la de el próximo año y ambas rondan los 2,4 puntos porcentuales.

El Salvador será el país que menos crecerá en América Central, únicamente superado por Nicaragua que se proyecta con números negativos (-2.0). Ademas, El Salvador se ubica casi un punto porcentual por debajo del crecimiento promedio de la región centroamericana, que se estima en 3.3%.

Descarga la base de datos “Proyección crecimiento económico Latam 2019”, que sirvió para elaborar este artículo – [Mega]

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Tres menores de edad son asesinados cada dos días en El Salvador

Según las estadísticas, las edades con mayor número de víctimas son los 15, 16 y 17 años de vida.

Datos de la mesa tripartita de homicidios en El Salvador dan cuenta que, entre 2014 y 2017, tres menores de 18 años fueron asesinados cada dos días en el país . En cuatro años, 2,190 menores de edad murieron en ataques violentos en territorio salvadoreño: 226 niñas y 1,964 niños entre los 0 y 17 años de vida.

Los datos revelan que el índice de asesinatos en menores comienza a incrementar a partir de los 12 años y encuentra su punto más alto a los 17 años. En ese rango de edades se reporta el 97% del total de homicidios. Las edades con menor número de víctimas son los 5, 7 y 11 años de vida, con tres homicidios reportados en cada caso.

En el período reportado fueron asesinados 25 niños de 12 años (el 1.14% del total), 68 niños de 13 años (el 3.1%), 166 de 14 años (el 7.57%), 378 niños de 15 años (el 17.2%), 568 jóvenes de 16 años (el 25.9%) y 920 jóvenes de 17 años (el 42% del total)

Los datos también detallan que los años con mayor número de asesinatos de niñas son 2015 y 2016 con 71 casos reportados. En cuanto a los niños, 2015 es el año con más hechos registrados: 659 en total.

Descarga la base de datos “Homicidios de menores de edad 2014 a 2017”, que sirvió para elaborar este artículo – [Mega]

Fuente: Mesa Tripartita de Seguridad Pública