Protección social universal; lucha entre el sector informal y el Estado

Ana Lucía Gallegos Paredes 00162215
Periodismo Multimedia

Una lucha histórica y social

Mercedes Estrada es una comerciante de la Mega Plaza en Sonsonate, en el área de mayoreo de verduras desde hace dos años. La joven de 22 años de edad relata cómo el negocio empezó con sus abuelos quienes se dedicaban a vender carne, pero luego, su madre decidió meterse al negocio de la fruta y de la verdura. A una corta edad Mercedes tuvo que tomar la responsabilidad total del negocio, ya que era la cabeza de la familia.

Para Estrada, el mundo de las ventas es difícil ya que no es un ambiente sencillo, la joven diariamente inicia su jornada a las 2 de la madrugada y finaliza a la una de la tarde los siete días de la semana. Mercedes relata que por problemas familiares tuvo que dejar su carrera universitaria mientras cursaba 3er año de Ingeniería Informática y hacerse cargo del negocio.

Fotografía por el Diario de Hoy

Sin embargo, nada la preparó para la pandemia del COVID-19 “uno se juega la vida en este trabajo, no podemos elegir quedarnos en la casa porque si no no comemos, si nos enfermamos no tenemos donde ir ni quien nos cuide” comenta.

Asimismo, con tan solo 22 años ha aprendido la responsabilidad de llevar sustento a su hogar aunque deba ponerse en riesgo “cuando uno tiene bocas que alimentar, la propia salud o vida de uno pasa a segundo puesto, es difícil y da miedo contagiarse pero los niños tienen que comer”, expresa.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 750,637 salvadoreños estaban laborando en el sector informal en el 2018.

Infografía realizada por Lucía Gallegos

La desprotección de la seguridad social ha sido un problema que viene desde el siglo XX, la crisis sanitaria del COVID-19 solo realza lo que por muchos años ha permanecido en silencio según el especialista en estudios Latinoamericanos, Julio Gutiérrez.

Los vendedores informales son parte de un entramado complejo en la sociedad salvadoreña. Son algo que ni hasta la propia academia ha podido decidir cómo conceptualizar, sin embargo, lo han encasillado en los informes como sector informal. Y este concepto ha resurgido para referirse a las personas de trabajo por cuenta propia, quienes se han debatido entre el riesgo de contagio y desprotección social y el hambre, explica el especialista.

Para Julio César Gutiérrez aglutinar distintas actividades económicas en el término “sector informal” es reducir la realidad. Gutiérrez recalca que uno de los problemas estructurales ha sido el no dar una definición clara y completa del sector informal, “por una parte se ha comprendido como lo opuesto a la economía formal, compuesta por la empresa privada y el Estado, entonces todo aquello que está afuera lo categorizan como sector informal” menciona.

Las preocupaciones de Mercedes y de los demás comerciantes informales frente a la reactivación económica se sostienen con un problema que ha identificado Gutiérrez: la marginación por parte de las instituciones públicas.

Sujetos de impuestos sin derechos

Para Julio Gutierrez, el Estado debe atender al sector informal de manera horizontal. “El mayor error que puede hacer un gobierno es hacer planes sin consultarle a las personas que desea ayudar” explica.

Así mismo, el especialista comenta que un posible riesgo para todo el sector informal, incluyendo la actividad del comercio a la que se dedica Mercedes son las políticas públicas sin tomar en cuenta la participación de los mismos beneficiarios y la desprotección de la seguridad social.

Desde la creación de la Mesa de Apertura Económica, hasta la discusión sobre los beneficiarios del proyecto de ley de Fideicomiso, no se ha anunciado un plan que brinde alivio económico y protección social a todas las personas que trabajan en el sector informal, en especial a los más vulnerables.

Fotografía por Secretaría de Prensa de la Presidencia

A estos desafíos se agrega la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de aplicar una reforma fiscal en la que el sector informal pague un mono tributo, una alternativa que la multilateral dio al Gobierno cuando aprobó un préstamo de $389,00 millones en el marco de la pandemia.

Respecto al monotributo, Ricardo Castaneda, un economista e investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) opina que la posibilidad de emplearlo puede darle beneficios al sector informal. “Lo veo como una oportunidad para que el sector informal pueda tener acceso al seguro social, a línea de créditos preferenciales” explica Castaneda. Además, dimensiona que El Salvador tiene niveles muy bajos de cobertura de seguridad social. “De acuerdo a las estadísticas de investigaciones que hemos realizado en ICEFI, una de cada cinco personas cotiza en el seguro social”.

Por el contrario, para Gutiérrez la idea de tributar al sector informal para saldar una deuda es aberrante. “Ellos han realizado trabajos esenciales que han sostenido a la economía en estas condiciones, de hecho, el sector informal ya está subsidiando al resto de la población con su propio trabajo” expresa. Y enfatiza que es más aberrante cuando los beneficios de ese endeudamiento ni siquiera llegan a estas personas.

Mercedes comenta que todos los vendedores pagan una mensualidad de $15 dólares a la alcaldía por el espacio en el mercado pero que no reciben ningún tipo de protección o ayuda por parte de este. “No hay mucha protección o sanitización tampoco llevan un control de los que estamos en la placita, pero siempre pasan cobrando al final del mes” expresa.

Puesto de Mercedes Estrada en la Plaza de Sonsonate. Fotografía: Mercedes Estrada

El alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, detalló que una de las medidas a implementar para controlar la propagación del virus en el municipio es la prohibición de las ventas ambulantes en las calles de la ciudad, argumentando que ellos aumentan las aglomeraciones. “El Cuerpo de Agentes Municipales y la Policía verificarán que no hayan vendedores informales en las calles, de encontrarlos, la mercadería les será decomisada” dijo Aquino.

Un camino cuesta arriba

La economía informal contribuye al empleo, los ingresos y los medios de vida, y en muchos países de ingreso bajo y de ingreso mediano tiene un papel económico importante. Sin embargo, los trabajadores de este ámbito carecen de la protección básica que los empleos del sector formal suelen ofrecer, e incluso de cobertura de seguridad social asegura Ricardo Castaneda, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

Según el artículo 3 de los estatutos del Seguro Social, “el régimen del Seguro Social obligatorio se aplicará originalmente a todos los trabajadores que dependan de un patrono, sea cual fuere el tipo de relación laboral que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración. Podrá ampliarse oportunamente a favor de las clases de trabajadores que no dependen de un patrono”.

El problema, según Gutiérrez, es que la seguridad social se ha visto como un privilegio y no como un derecho humano universal. Al no tener una definición clara de qué es el sector informal el Estado puede evadir el tema de una cobertura integral de seguridad social para todos aquellos trabajadores que no entren en una categoría ambigua como lo es “trabajo formal e informal”.

Mercedes comenta que ella no se ha contagiado pero que varias compañeras en la Plaza sí. “Uno no sabe a quién está atendiendo, si esa persona está contagiada o no, aquí no hay mayor protocolo y el problema es que si uno se contagia y no puede salir a vender, tampoco tiene que comer”, explica la joven.

El derecho a la salud, seguridad social, pensiones y seguros de vida deben ser universalizados, según comenta Gutiérrez y debe dejarse de lado la idea de privilegios y burocracias y velar por la dignidad humana en todas sus áreas.