La desesperación de los migrantes que arriesgan la vida en la frontera entre El Salvador y Honduras

Una fila de policías corta el paso sobre el puente del río Goascorán, que sirve como frontera entre El Salvador y Honduras.

Originalmente publicado en BBC World: Artículo Original

Es jueves y pocos minutos pasan de las 6:00 de la mañana. Los agentes custodian los movimientos de un centenar de hondureños, campesinos y agricultores en su mayoría, que aún cubiertos con frazadas y pedazos de plástico, luchan con el frío y la lluvia.

Algunos tiemblan, todos tienen hambre. “No traigan cámaras, traigan comida”, grita una mujer a la distancia.

Los hondureños intentan cruzar la frontera desde el miércoles. Son parte de las caravanas de migrantes que partieron esta semana del país centroamericano con la intención de llegar a Estados Unidos.

Son quienes desataron la ira del presidente Donald Trump, quien amenazó con interrumpir las ayudas económicas a Honduras, Guatemala y El Salvador si permitían que sus ciudadanos viajaran “con la intención de entrar a EE.UU. de manera ilegal”.

Grupos similares atraviesan Guatemala y México, en algunos casos son acompañados por la policía y refugiados en albergues locales.

En El Amatillo la historia es otra: tirados sobre el asfalto del puente, los migrantes hondureños se mueven con cierta parsimonia, como arropándose con el poco calor de los primeros rayos del sol.

Entre aquellos bultos dormidos sobre la carretera, el pequeño Ángel David Cobán, de 12 años, juega y se ríe. Se para frente a los policías, que le doblan la estatura, y parece como si les hiciera frente al tiempo que entona una melodía:

“Yo me voy de mi país, aquí no quiero vivir, porque si me quedo aquí, de hambre voy a morir”. Son versos de “JOH, pa’ fuera que vas”, una canción del hondureño Macario Mejía que es todo un himno entre los detractores del presidente del país, Juan Orlando Hernández.

“Sufrimos demasiado”

La madre de David, Leslie Cobán, lo vigila a la distancia. Sentada junto a otras madres, ninguna aparta la vista de sus hijos mientras juegan. Todas, también, comparten sus razones para aventurarse en esta travesía: coinciden en una vida mejor y en el ansiado sueño americano.

Como ella, los integrantes de la caravana aseguran vivir una situación desesperada en su país. Dicen que huyen de la pobreza y de la violencia que azota Honduras por el asedio de las pandillas.

“Sufrimos demasiado (en Honduras) para ganar solo 100 pesos al día”, comenta Félix Moreno, una de las mujeres junto a Leslie. “El camino es largo y apenas vamos comenzando”, agrega.

“Con lo que gano solo me alcanza para la leche del niño y no para la comida”, expresa Paola, sentada al otro lado de Leslie, mientras carga a Mauricio, su hijo de apenas un año de edad.

“Mi niña me pide que me regrese”, agrega Félix y su hija de 12 años juega con la mano del pequeño. Mauricio solo ríe.

Entre la mañana y la noche de este miércoles, fueron cerca de 300 los hondureños que llegaron hasta la barrera de policías de aquel punto fronterizo.

Las autoridades de migración le cortaron el paso a todos aquellos que no portaran sus documentos de identidad en orden o que viajaran con menores de edad que no tuviesen la autorización de ambos padres: la gran mayoría.

Así, decenas de migrantes, en su mayoría madres y sus hijos, vieron truncado su camino. Entre ellos, David y su madre.

Cerca de las 7:00 de la mañana, rodeados por policías, pues del lado hondureño también se había formado ya un cerco de agentes antimotines, los migrantes comenzaron a desesperarse.

“Nada que perder”

De a poco fueron agrupándose al centro del puente: “Hay que cruzarnos el río, no hay de otra”, se escuchó una voz al centro del grupo.

“Compremos una soga y nos tiramos del puente”, dijo otra voz.

“Que el que se ahorque sea Juan Orlando”, respondió en referencia al presidente Hernández, una madre con su hijo en brazos.

“Y que se ahorque el presidente salvadoreño también”, añadió un joven.

Todos hablaban, todos tenían algo que decir. “Pero las mujeres no pueden cruzar solas”, dijo Wilson Funes, un joven de 28 años que por momentos tomaba la voz cantante en el grupo.

La idea de cruzar el río fue tomando fuerza hasta que no hubo nadie que se opusiera. Wilson y otro grupo de jóvenes se pusieron al frente de la caravana, que había dado media vuelta y ahora cruzaba el puente de vuelta a territorio hondureño.

“En Honduras, yo no tengo nada que perder y si me va bien tengo mucho que ganar”, afirmaba Wilson mientras recorría el kilómetro y medio que hay entre el puente fronterizo y el tramo más estrecho del río, en lado hondureño.

A mitad de camino, un hombre de unos 40 años, se desplomó sobre el suelo en un ataque epiléptico que duró un par de minutos. Nadie supo qué hacer.

“Esas son las consecuencias de las ingratitudes de los policías de El Salvador al no dejarnos pasar, porque tenemos tres días con hambre, aguantando sol, aguantando lluvia”, dijo Wilson de pie junto al hombre.

Cuando los espasmos disminuyeron, él y otro joven se acercaron para levantarlo del suelo.

“Que nos dejen pasar, solo eso pedimos”, añadió mientras levantaba al hombre, visiblemente confundido.

“Si los salvadoreños piensan que nos vamos a llevar algún poquito de tierra, en la salida nos sacudimos la planta de los pies y que les quede la tierra ahí”, sentenció y siguió el rumbo hacia el río.

Cruzando contracorriente

Ya en la orilla, los hondureños se detuvieron unos minutos a reconsiderar la idea de cruzar el Goascorán. Las intensas lluvias de las últimas semanas elevaron el nivel del agua y cualquier esfuerzo parecía un peligro inminente.

Después de varios minutos, los más jóvenes retomaron la iniciativa y comenzaron a atar dos o tres cuerdas y las tensaron sobre la parte más estrecha del río.

“Sería una cobardía que no nos pasemos esto, ¿cómo nos vamos a pasar el Río Bravo, entonces?”, dijo, con todo el valor del mundo, uno de los hombres más jóvenes del grupo en alusión a la frontera entre México y Estados Unidos, mientras se quitaba los zapatos, preparándose para cruzar.

De cada lado de la cuerda, dos hombres la sostenían con fuerza y el resto guiaba al grupo. La primera en atreverse fue una joven de no más de 25 años.

“Agárrese con fuerza y no se suelte del lazo”, le advirtieron cuando el agua ya le llegaba a la cintura y la fuerza de la corriente comenzaba a empujarla. “No se suelte, no se suelte”, le gritaban desde el lado hondureño.

El silencio invadió el lugar cuando la mujer llegó al punto más crítico, en donde la corriente prácticamente la acostó sobre el agua. “Se va a soltar”, se escuchó tímidamente en el grupo.

Pero la mujer tomó fuerzas y consiguió llegar a la otra orilla. Del lado hondureño hubo gritos y aplausos: el valor los invadió.

Uno a uno, hicieron fila para cruzar hasta que le tocó turno al pequeño David, el chico de 12 años que cantaba en la frontera. Su madre lo encomendó a Dios.

“Si nos llega a pasar algo se van a arrepentir, porque todo esto (cruzar el río) lo estamos haciendo porque no nos dejan pasar”, dijo la mujer antes que su hijo comenzará a avanzar dentro del agua.

El niño cruzó sin dificultad alguna. Su madre lo alentaba desde la orilla. “Ese es mi hijo, esa es mi sangre”, le gritaba y en su voz se descifraba un tono de orgullo y esperanza. “Ese es un hondureño huevón”, respondieron los hombres que sostenían la cuerda del otro lado del río.

Llegó el turno de Leslie, la madre de David. La mujer, cansada por el camino o un poco emotiva por ver cruzar a su hijo, tomó la cuerda entre sus manos. David gritaba desde el otro lado: “mamá, mamá”.

Leslie avanzó lento y en el punto más crítico se detuvo para gritar “esto lo hago por vos”, con la mirada puesta en la orilla en donde su hijo ya la esperaba, un poco asustado.

Quienes no se atrevieron a pasar el río, regresaron a pie hasta la carretera que lleva hasta la frontera El Amatillo. En el trayecto, un automóvil se detuvo y les regaló a los migrantes un refresco y algo para comer.

Algunos se sentaron en una roca cercana a descansar y otros tomaron un autobús de vuelta a casa.

“¿Por qué los otros niños tienen papá y yo no?”, huérfanos de policías asesinados en El Salvador

El agente José Adán Servellón Benavides fue asesinado frente a dos de sus hijos en agosto de 2015, tenía 37 años de edad y trece formando parte de la Policía Nacional Civil (PNC) Se dirigía a conseguir comida para su familia cuando fue interceptado por un grupo de pandilleros, quienes le dispararon en la cabeza. Murió en pocos minutos.

Originalmente publicado en BBC World: Artículo Original

Con su muerte, Adán Servellón dejó a cuatro menores en la orfandad y a su pareja embarazada.

“Fue una tragedia, por cómo lo mataron, por cómo era él y por la familia que dejó”, relata un agente policial en servicio, amigo cercano de Servellón, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias.

En El Salvador, la guerra contra las pandillas ocasiona decenas de muertes de policías cada año. Asesinados a sangre fría o en enfrentamientos, en el país han muerto más de 176 agentes de forma violenta desde 2013.

La mayoría han sido víctimas de alguna de las dos principales estructuras criminales que operan en el país: Mara Salvatrucha y Barrio 18, que hacen de esta pequeña nación centroamericana, una de las más violentas del mundo.

Los policías asesinados dejan tras de sí a centenares de niños huérfanos que ingresan a un sistema de asistencia social que, según voces críticas, los confina al completo abandono, con apoyos económicos que no sustentan siquiera la alimentación básica y menos otros derechos fundamentales.

“Ahí no matan, ahí ahorcan”

BBC mundo pudo comprobar que en ese estado se encuentran los cinco hijos del agente Adán Servellón.

Viven en el municipio de Huizucar, una aislada zona rural a 30 minutos de la capital, San Salvador. Para llegar hay que atravesar una complicada ruta, constantemente asediada por pandillas.

Es la única forma de entrar o salir. En ese camino, cerca de un puente, mataron al agente Servellón. A las afueras del pueblo, no importa a quien se le pregunte, la advertencia es siempre la misma: no entrar en ese sendero con demasiada confianza.

“Ahí no matan, ahí ahorcan”, afirma, con risa nerviosa, una mujer desde la puerta de su casa.

La zona muestra la pobreza en la que suelen vivir los policías y sus familias.

Esa condición se vuelve incuestionable al ingresar en la casa de Carolina Cornelio, la viuda de José Adán Servellón.

Sus hijos ahora tienen catorce, doce, once, cinco y un año y medio de edad. Los primeros cuatro estudian, pero los mayores deben trabajar para ayudar con los ingresos del hogar.

Siembran frijol y maíz, una parte de lo cultivado es para que la familia se alimente y el resto para conseguir algo de dinero. La abuela de los menores viaja, junto a una de sus nietas, al pueblo más cercano para vender el producto.

Es muy poco. “A veces no hay que darle a los niños, aunque pidan, no hay qué comer”, señala Carolina con resignación en su tono. Ella trabaja ocasionalmente lavando y planchando ajeno.

Va solo cuando la llaman, “no es seguro salir demasiado, por la situación”, declara bajando el volumen de su voz y mirando a los lados, como asegurándose de que nadie más la escuche.

La mujer asegura haber entregado todos “los papeles” que la policía le solicitó: actas de matrimonio y defunción de su esposo, documentos del seguro y todo lo relacionado a ella y su familia; sin embargo, no han conseguido respuesta y afirma que tampoco se han acercado a representantes de la policía para conocer de oficio los detalles de su caso.

Carolina defiende que la corporación conoce de la existencia de los cinco hijos de Adán; sin embargo, más allá de una primera ayuda para el sepelio de su pareja, no han recibido nada. “No sé a quién se lo estarán dando, pero a mi no es”, añade.

Asistencia

En agosto de 2015, dos meses después de la muerte de José Adán, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el entonces director de la policía, Mauricio Ramírez Landaverde, anunciaron el inicio de su plan de asistencia a hijos y familias de agentes asesinados.

El programa otorgaría una cuota mensual escalada para los menores de 18 años, además de incluirlos en un sistema de becas de estudio.

El proyecto, dijeron, se financiaría a través de un fideicomiso de US$787.500 impulsado por la empresa privada y la ciudadanía. Para 2017, el presupuesto general aprobado para la policía es de más de US$430 Millones, de los cuales $274.920 están dedicados al apartado de atención a víctimas de delitos, es decir un 0.063% del presupuesto total.

No existe, en el presupuesto de la corporación, otro apartado referente al tema y no son públicos los detalles sobre si ese monto incluye a hijos de policías asesinados, hay quienes creen que no es así.

Uno de los que piensa que la policía cuenta con los fondos suficientes para acompañar a estas familias y no lo hace es Marvin Reyes, presidente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), que vela por los derechos de los agentes policiales.

Él considera que los programas de apoyo a familias de policías que murieron realizando su trabajo o a consecuencia de este, realmente no existen. Afirma que los anuncios del gobierno son una estrategia propagandística.

“Realmente, la policía no le da ningún seguimiento a la familia”, dice. En su opinión, lo mínimo que deberían hacer es “dejarle de por vida a la familia el salario que el policía ganaba, asegurar planes de estudio para los hijos y atención psicológica para todos los integrantes”.

“Parece que hubiera un desprecio hacia el policía y su familia por parte de las autoridades”, asegura.

Ausencia

Lo cierto es que ninguno de los programas, reales o ideales, han tocado a la puerta de Carolina y sus hijos.

Ellos estudian en la pequeña escuela del caserío en el que habitan, excepto el mayor, quien debe viajar hasta el pueblo más cercano para recibir clases. Lo hace caminando, por la única ruta existente, pasando todos los días por el punto exacto donde vio morir asesinado a su padre.

Él no habla mucho del tema, pero su madre dice que a veces llora cuando cree que nadie lo está viendo. Aunque si hijo de doce años, que también presenció la muerte de su padre, pregunta constantemente por su él.

“¿Por qué los otros niños tienen papá y yo no?”, cuestiona a su madre y ella no sabe qué responder.

Carolina piensa que sus hijos, además de asistencia económica, también necesitan ayuda psicológica. “A veces solo pensando en eso pasan y tienen pesadillas. Ellos quieren que todo siga igual, pero ya no se puede”.

Unos días después del asesinato de José Adán, la policía lo despidió con honores, como es costumbre.

A Carolina le entregaron una bandera de El Salvador, la misma que el día del funeral cubrió el ataúd. Los niños que nada más volver del cementerio comenzaron a sentir la ausencia. Su padre los acompañaba a la escuela, les compraba los uniformes, libros y zapatos. Los hacía sentir seguros.

“Es duro ver cómo quedaron y el olvido en que los han dejado”, señala el agente que fue amigo de Adán.

Él y otros compañeros de la delegación en donde el policía estuvo destacado, apoyaron a la familia con víveres y la gestión y los trámites que hicieran falta para que los menores fueran incluidos en los programas de ayuda de la corporación policial.

“Fue tan matador, viajar y viajar sin apoyo de nadie por parte de la institución”, agrega.

“Bienestar Policial se aprovecha de la situación y si la familia no presiona se agarran la plata”, afirma el agente, en referencia al bono mensual que debería recibir cada hijo de un agente asesinado.

Bienestar Policial es el nombre de la dependencia de la PNC que se encarga de organizar los sepelios. Estos suelen ser actos públicos y mediáticos a los que asisten altos dirigentes de la corporación para presentar sus respetos a la familia y despachar discursos sobre exhaustivas investigaciones para dar con los culpables.

Esa misma dependencia debe dar seguimiento y asistencia a las familias de los policías asesinados

Sin embargo, Carolina asegura no haber vuelto a saber de esa institución después del sepelio. Únicamente recuerda que en algún momento le mencionaron que la asistencia sería de $25 dólares por cada uno de sus hijos.

“Eso en un par de zapatos se va”, afirma. “¿Y para que coman todos?”, lanza la pregunta al aire, mientras sostiene entre sus manos la bandera que le entregaron en el funeral de su esposo. Lo único que le queda.

La historia de Wendy

En similares circunstancias se encuentra la familia de la agente Wendy Yamileth Alfaro Mena, que fue asesinada también en 2015. Tenía 27 años de edad y los últimos cuatro formando parte de la policía.

Al igual que el agente Servellón, fue emboscada por cinco pandilleros cuando compraba comida para su familia, a escasos metros de su hogar, en el oriente del país.

En ese año, el de mayor número de muertes de policías en la historia de El Salvador, su caso fue particular por ser la primera mujer policía asesinada por pandilleros. Con su muerte dejó a un pequeño de dos años en la orfandad.

Marvin Reyes conoció de cerca el caso. Recuerda que familiares de Wendy tomaron en custodia al niño para protegerlo de posibles represalias e incurrieron en gastos para cumplir con los trámites y documentos que se exigían para formar parte del programa que prometía el gobierno.

Recuerda que incluso debieron demostrar que Wendy realmente había muerto en las circunstancias en que lo habían descrito

Después de muchos viajes a la capital y engorrosos procesos y entrevistas, el hijo de Wendy consiguió ser incluido y aun así debió esperar cerca de medio año para recibir el primer desembolso económico: 50 dólares, que no cubrieron siquiera los gastos que tuvo la familia para incluir al menor en el programa.

Cuando preguntaron por las becas que el gobierno había prometido, la respuesta fue que la corporación estaba esperando a que alguna institución se acercara a ofrecerlas, según Reyes, “la PNC no busca ni gestiona de oficio las ayudas que promete para los hijos de los policías asesinados. “

“Me lo contaban a mí con una decepción tremenda”, agrega el expolicía. “Para las autoridades que dirigen la corporación, la vida de un elemento policial que recibió una muerte horrible, vale 50 dólares y ningún esfuerzo más”, lamenta.

Ola de homicidios

En lo que va de 2017, trece policías han muerto a causa de las pandillas. En el mes de julio ocurrió la mayor ola de homicidios, en pocos días fueron asesinados al menos seis agentes.

Uno de los casos que causó mayor conmoción es el del agente Víctor Alcides, de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado dentro de bolsas plásticas en una transitada carretera a las afueras de la ciudad.

El más reciente homicidio fue el del sargento Víctor Manuel Salazar, quien, como en la mayoría de los casos, se encontraba de licencia cuando fue atacado por pandilleros dentro de su casa, a la vista de su familia.

Óscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador dijo a la prensa, que “el apoyo que le vamos a dar a las familias es como el que le estamos dando a todas las familias de policías caídos”, reiteró.

Además dijo que “esto no va a hacer desanimar esta gran cruzada que tenemos contra el crimen y la extorsión” y agregó que “debe reforzar la moral nacional y la moral de nuestra policía”

Ante el incremento del asesinato de policías, el Movimiento de Trabajadores de la Policía, liderado por Marvin Reyes llamó a los agentes a protestar por la falta de garantías para llevar a cabo su trabajo.

“Hagamos temblar las calles”, dice el comunicado que difundió el MTP: “vamos, a una sola voz, a denunciar la actitud de desprecio por parte de las autoridades ante la muerte de compañeros, así como la inexistencia de planes de protección para los trabajadores policiales y su familia”.

En repetidas ocasiones, BBC Mundo intentó conocer la opinión de las autoridades de Bienestar Policial sobre la implementación de los programas de asistencia a agentes de la corporación y sus familias; sin embargo, no hubo respuesta a pesar de la insistencia por diversas vías.

Muchos casos

Eso lo sabe bien Mirna Alvarez. Ella fue policía y parte del equipo de Bienestar Policial en el occidente del país. Por sus manos pasaron incontables casos de asistencia social a familias de policías asesinados.

Ella confirma a BBC Mundo que, como la familia del agente Servellón o la agente Alfaro, hay decenas por todo El Salvador.

Según Mirna, Bienestar Policial no se preocupa por conocer las particularidades y necesidades de cada caso y cada familia. “No lo hacen, por mi ha pasado”, declara; “eso solo es teatro público”, agrega.

La ex policía denuncia que ella fue retirada de su cargo, en parte por explicarle a los policías y a sus familias cuáles son sus derechos.

“Hay casos en donde el fallecido no tiene a nadie en los seguros y ellos se quedan con ese dinero”, confirma y señala que, en efecto, la ayuda para los hijos de los policías asesinados no es suficiente como para cubrir el costo de la canasta básica de una familia y las autoridades lo saben.

“No es justo que la institución a la que tanto se ha servido, trate a las familias como que son perros”, agrega y advierte que el abandono de las autoridades es un factor que abona al incremento en el número de ataques a policías y a sus familias, que la impunidad en que viven quienes dañan a un agente o a sus familiares es la clave de ese aumento.

La razón

Marvin Reyes, que fue parte de la corporación policial por más de 20 años, cree que el incremento en el número de ataques a policías se debe, en parte, a la implementación de una serie de medidas extraordinarias que, entre otros puntos, refuerzan la seguridad en Centros Penales, restringen privilegios a reos y cabecillas de pandillas recluidos, además de reforzar la seguridad pública con ayuda del ejército salvadoreño.

“Cuando ellos (los pandilleros) se ven acorralados en muchos aspectos, recurren a medidas que incluyen el asesinato de familiares, policías, miembros del ejército y centros penales”, afirma Reyes.

En su opinión, el objetivo es incidir en la moral y afectar así a los responsables de salvaguardar la seguridad pública.

Reyes también cree que la muerte de policías se debe a una respuesta por parte de las pandillas a las acciones operativas que ordena la dirigencia de la corporación y que los agentes no tienen otro remedio que obedecer.

“Violencia genera violencia”, afirma y señala que “se está produciendo una espiral de venganza que va a ser difícil de tratar en un futuro cercano”.

“Cuando no lo pueden matar a uno, matan a la familia. Los padres, hijos, esposas, hermanos, tíos, sobrinos y todo aquel que tenga vínculos con alguien de la institución”, señala también Mirna Álvarez.

En lo que va de 2017, doce familiares de policías han sido asesinados por pandilleros, superando, por primera vez, al número de agentes muertos, que a esta fecha es de nueve. Las medidas extraordinarias que debían concluir en abril de 2017, fueron prorrogadas un año más por la Asamblea Legislativa.

Desde la fundación de la Policía Nacional Civil, en 1992, más de 1.100 agentes han sido asesinados.

El muro que limita a la comunidad sorda en El Salvador

¿Cuáles son los retos que enfrentan las personas sordas en el país? Exclusión social, falta de oportunidades laborales y acceso a educación, son algunas de las barreras que limitan a sordos para poder desarrollarse dentro de la sociedad. El Salvador aún no logra garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan incluirse en las dinámicas de la ciudad de la misma manera en que lo hacen los oyentes.

Por Graciela Barrera y Michell Hernández

En El Salvador hay 88,398 personas con discapacidad auditiva, según estadísticas de 2015 del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), para atenderlas a todas ellas solo existen cinco escuelas para sordos, según el Ministerio de Educación (MINED). Esto marca una brecha entre personas oyentes y sordas. Rebeca Soundy, una mujer de piel blanca y cabello rubio, es reflejo del doble esfuerzo que deben realizar las personas sordas para poder salir adelante en el país. Soundy es licenciada en Educación Especial de la Universidad Evangélica de El Salvador. Su condición y todas las barreras que ha tenido que enfrentar a lo largo de sus 27 años la han motivado a proponer soluciones para cruzar el gran muro de exclusión que enfrentan las personas con discapacidades en el país.

Becky Soundy TV es el nombre del canal de Youtube de Rebeca Soundy. Es por medio de esta red social que comparte como ella lo denomina “mi mundo en señas”. Soundy enseña a sus 20,400 suscriptores consejos para aprender lengua de señas, además, comparte experiencias personales, como cuando le enseñó Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA), al presidente actual, Nayib Bukele. Todos los esfuerzos de Soundy han logrado un gran reconocimiento en el país. Sin embargo, todo lo que ha logrado ha requerido sacrificios y retos tanto para ella como para su familia.

Ser sordo en El Salvador

En los últimos años la palabra inclusión ha formado parte de los discursos de organizaciones, funcionarios, activistas y líderes en el país. No obstante, entre los grupos de personas más excluidas se encuentran los sordos, a quienes su tipo de discapacidad los vuelve más invisibles. Rebeca Soundy comenzó a asistir a una escuela solo de sordos a sus once años. Ahí le enseñaron lengua de señas, con el paso del tiempo los retos aumentaron. Tuvo que recibir clases junto a personas oyentes y sordas. Para Soundy esta fue una etapa muy complicada porque la escuela para personas sordas solo enseñaba lo básico: las señas. Rebeca aún a sus 11 años no podía leer ni escribir. Esto es solo una representación de las desigualdades que se marcan desde la infancia entre sordos y oyentes.

Becky, como la llaman sus conocidos y seguidores en las redes sociales, recuerda lo difícil que era para ella junto a sus demás compañeros sordos comprender los contenidos que impartían en la escuela. “Era muy difícil aprender en la escuela, no se entendían las clases, y uno de los grandes problemas es que no teníamos intérprete, para eso hay que pagar”, dijo. Soundy es una de las personas privilegiadas a quien sus padres sí podían pagarle un intérprete que la acompañara y le facilitara su aprendizaje. “Mi papá y mi mamá trataban la manera de pagar pero salía muy caro más o menos unos 300 dólares mensuales”, explicó.

El informe Alternativo El Salvador 2014-2018, elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto a organizaciones de y para personas con discapacidad, menciona que en el país solo existen 14 intérpretes de LESSA reconocidos por las organizaciones de personas sordas. Esto implica que la exclusión para las personas con limitación auditiva en el país se perpetúe. Además, el mismo informe agrega que esto demuestra la ausencia de estrategias para el desarrollo lingüístico de la LESSA, la formación y acreditación de intérpretes a nivel nacional, esta como una de las grandes barreras que retrasan la inclusión para las personas sordas en el país.

Por otro lado, el informe de Rendición de Cuentas del CONAIPD de 2017 establece  como uno de sus principales retos “la creación de un Servicio Nacional de Intérpretes de LESSA, el MINED y el CONAIPD, sea la entidad estatal responsable para la formación, selección y acreditación de intérpretes…”, afirma el informe.

Sara Molina es prima de Rafael Mejía, quien es una persona sorda. Ella junto a sus 12 familiares aprendieron a comunicarse con Mejia por lengua de señas. Su primo solamente pudo cursar hasta séptimo grado, ahora él tiene 36 años y hasta hoy no ha logrado ser independiente, necesita que lo acompañen siempre porque es muy difícil salir y encontrar a personas que puedan comunicarse por medio de LESSA. Molina mencionó que una de las grandes limitantes es que la mayoría de personas en el país ni siquiera se interesan por aprender lengua de señas. “Ojalá se le prestara el mismo interés como al inglés, ahora todos quieren aprender inglés, pero lastimosamente nadie se preocupa por incluir a las personas sordas, no es importante aprender LESSA”, argumentó.

Un sistema educativo excluyente

No se pueden cumplir los derechos humanos si se ignoran las necesidades básicas de un grupo de personas. En El Salvador las personas sordas enfrentan una gran cantidad de problemas para desarrollarse en cualquier ámbito en el que se desarrolla un oyente, uno de los más importantes es el educativo.

Existen grandes barreras de comunicación entre sordos y oyentes, y es que la única forma efectiva de comunicarse que tienen las personas con discapacidad auditiva es a través de la Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA). El 95 % de los sordos en el país usan esta lengua, según la Asociación Salvadoreña de Sordos, 2015. 

Sin embargo, pese a que existen pocas escuelas para todos los sordos que habitan en El Salvador, el sistema educativo no brinda intérpretes en educación básica a las escuelas de oyentes, y en educación superior, únicamente en la Universidad de El Salvador. 

Las oportunidades que tienen las personas oyentes, no son las mismas que tienen las personas sordas. El sistema educativo necesita ser inclusivo, y estar preparado para recibir a las personas con discapacidad, pese a que es su responsabilidad atender las necesidades de este grupo.

El artículo 44 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, reformada en 2014, establece que “Se reconoce la lengua de señas salvadoreña – LESSA como la lengua natural y oficial utilizada por las personas sordas salvadoreñas, en consecuencia; es obligación del Estado velar por su enseñanza y conservación”.

De acuerdo a la investigación Un  Diagnóstico Comparativo de los Discursos Identitarios de la Comunidad Sorda Salvadoreña de estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la falta de interés sobre la LESSA como vehículo para el ejercicio y el goce pleno de derechos de los sordos es un factor determinante para que la comunidad sorda no crea en la estructura institucional del país en términos generales. 

Es por ello, que algunos jóvenes como Soundy realizan esfuerzos independientes para poder impulsar y apoyar los derechos de la comunidad sorda, haciendo conciencia a la población sobre esta problemática y a la espera que pronto puedan surgir esfuerzos significativos para que los jóvenes sordos de El Salvador, a pesar de la limitaciones, continúen estudiando y desarrollándose.

Limitantes de los maestros que enseñan a las personas sordas

Impartir clases a personas sordas también supone grandes retos para los profesores. Lidia Ocampo es maestra del Complejo Educativo para Sordos Licenciada Griselda Zeledón, y desde 2019 da clases de español a niños y jóvenes con discapacidad auditiva, desde primero hasta noveno grado. Ella observa en sus alumnos, que oscilan entre los seis y 16 años, que ingresan a la escuela con un nivel pobre de su primera lengua, la lengua de señas, porque la mayoría de miembros de la familia no la domina. Lidia mencionó que percibe que sus estudiantes viven como extranjeros en sus propias casas. Además, para ella el tiempo en las aulas es insuficiente para que los alumnos puedan aprender bien, semanalmente solo se imparten tres horas clase.

Sin embargo, la mayor limitación no es el tiempo, en palabras de Ocampo “la mayor limitación es que no se cuenta  con programas para la enseñanza del español como segunda lengua para todos los niveles, ni textos de lectura fácil, por lo que nos corresponde a los docentes buscar programas extranjeros o elaborar el propio y crear los propios textos de lectura para que sean accesibles al nivel de lectura de los estudiantes”. Los maestros de escuelas para sordos tampoco tienen programas que faciliten la enseñanza de los alumnos, esto también supone un retraso en el proceso de aprendizaje.

Ocampo prepara semanalmente guías en las que incluye lecturas, dictados, preguntas y diferentes actividades. “Elaboro textos por niveles y envío videos a los alumnos en los que aparezco leyendo, declamando, cantando en LESSA  o dramatizando, según el contenido que estemos viendo”, dijo. Los alumnos de Lidia Ocampo, además, cuentan con libretas de lectura fácil, estas les permiten leer otros textos que no son parte del contenido semanal. Por otro lado, Lidia elabora material lúdico didáctico para reforzar las formas gramaticales, vocabulario, escritura libre y la forma interrogativa.

La pandemia por COVID-19 también significó grandes retos para los maestros de personas sordas. Aunque Ocampo mencionó que “el factor tiempo es una de las limitantes más grandes ahora y antes de la pandemia, actualmente el número de niños que llegan a la escuela es muy reducido y no todos los ausentes participan en las clases virtuales”. Además, agregó que el año pasado (2020), “no había mayor alternativa, la medida más factible fue enviar videos pregrabados y la comunicación por Whatsapp por ser más económica para muchos padres. Pero aun así muchos niños desaparecieron del ámbito educativo”.

Aunque se han establecido avances en el proceso de aprendizaje para personas con discapacidad auditiva, Ocampo afirmó que “aún el camino es muy largo, a mi parecer se está haciendo una inclusión pedagógica atropellada en el país, los niños y los adolescentes  sordos no estaban listos para una educación regular por su deficiente dominio del español escrito, o al menos no de la manera que se hizo. Creo que el estado debe tomar más conciencia de la problemática de la población sorda, de sus características específicas”. 

Mario Urbina, un joven sordo de 17 años, estudiante activo de segundo año de bachillerato del Complejo Educativo para Sordos Licenciada Griselda Zeledón, comenta que para él la educación también implicó dificultades, sin embargo, tuvo suerte al encontrarse con una maestra sorda con la cual tuvo muy buena conexión y de quien aprendió mucho. Aseguró que los maestros deben integrarse y tener un mejor desarrollo de ambas lenguas, el español y la lengua de señas para poder enseñar efectivamente, ya que hay algunos maestros oyentes que tienen años trabajando como docentes de sordos, pero que nunca han aprendido LESSA, por lo que la educación no es efectiva.

EL DESAFÍO DE SER UNA PERSONA SORDA

Mario también reconoce el apoyo de su tía y de su hermana que lo llevaron desde pequeño a la Asociación Salvadoreña de Sordos (ASS), donde convivió con personas sordas adultas, de quienes recibe muchos consejos. Mario anhela cumplir sus 18 años para poder legalmente ser miembro de la Asociación, para luchar conjuntamente por los derechos de las personas sordas. “Yo quiero estudiar y graduarme como abogado, quisiera trabajar en un juzgado, donde se que llegan muchos sordos con un montón de problemas, y también poder proteger los abusos de la ley, proteger la cultura sorda, y demostrar que se puede”, dijo.

Al igual que Urbina, Samuel Rivera es un joven de 19 años que actualmente trabaja en una empresa realizando oficios varios, y expresó que se siente muy agradecido de tener un empleo, porque para las personas sordas las oportunidades son limitadas en el campo laboral. “A las personas sordas les cuesta encontrar trabajo, y a algunos que les dan oportunidad, dan mal ejemplo, se portan mal y por eso pierden oportunidades, pero los sordos no tienen la culpa, lo que pasa es que antes no les enseñaron los papás, porque no les pusieron atención a sus hijos, no podían LESSA, no tenían tiempo, todo eso influye en la falta de comunicación y desobediencia”.

La falta de educación, orientación, inclusión de las personas sordas en El Salvador, no solamente se define en el desarrollo escolar, sino también, en la falta de insumos que el Estado brinda a los padres, sobre todo los menos privilegiados, para educar a sus hijos; puesto que lo que comienza en casa termina afectando el rumbo de sus vidas.

Así como Rebeca Soundy anhela ayudar a muchos niños y adolescentes sordos a leer y a escribir bien, como Mario Urbina, desea ser abogado para comprender las leyes y así proteger los derechos de la comunidad sorda, y como Samuel Rivera que sueña con ser chef profesional y docente certificado de LESSA, existe una gran cantidad de sordos con grandes sueños y habilidades, que solo será posible alcanzar a través del desarrollo de políticas públicas e involucramiento de todos y todas para que la discapacidad auditiva no sea una limitación en el país. 

Protección social universal; lucha entre el sector informal y el Estado

Ana Lucía Gallegos Paredes 00162215
Periodismo Multimedia

Una lucha histórica y social

Mercedes Estrada es una comerciante de la Mega Plaza en Sonsonate, en el área de mayoreo de verduras desde hace dos años. La joven de 22 años de edad relata cómo el negocio empezó con sus abuelos quienes se dedicaban a vender carne, pero luego, su madre decidió meterse al negocio de la fruta y de la verdura. A una corta edad Mercedes tuvo que tomar la responsabilidad total del negocio, ya que era la cabeza de la familia.

Para Estrada, el mundo de las ventas es difícil ya que no es un ambiente sencillo, la joven diariamente inicia su jornada a las 2 de la madrugada y finaliza a la una de la tarde los siete días de la semana. Mercedes relata que por problemas familiares tuvo que dejar su carrera universitaria mientras cursaba 3er año de Ingeniería Informática y hacerse cargo del negocio.

Fotografía por el Diario de Hoy

Sin embargo, nada la preparó para la pandemia del COVID-19 “uno se juega la vida en este trabajo, no podemos elegir quedarnos en la casa porque si no no comemos, si nos enfermamos no tenemos donde ir ni quien nos cuide” comenta.

Asimismo, con tan solo 22 años ha aprendido la responsabilidad de llevar sustento a su hogar aunque deba ponerse en riesgo “cuando uno tiene bocas que alimentar, la propia salud o vida de uno pasa a segundo puesto, es difícil y da miedo contagiarse pero los niños tienen que comer”, expresa.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 750,637 salvadoreños estaban laborando en el sector informal en el 2018.

Infografía realizada por Lucía Gallegos

La desprotección de la seguridad social ha sido un problema que viene desde el siglo XX, la crisis sanitaria del COVID-19 solo realza lo que por muchos años ha permanecido en silencio según el especialista en estudios Latinoamericanos, Julio Gutiérrez.

Los vendedores informales son parte de un entramado complejo en la sociedad salvadoreña. Son algo que ni hasta la propia academia ha podido decidir cómo conceptualizar, sin embargo, lo han encasillado en los informes como sector informal. Y este concepto ha resurgido para referirse a las personas de trabajo por cuenta propia, quienes se han debatido entre el riesgo de contagio y desprotección social y el hambre, explica el especialista.

Para Julio César Gutiérrez aglutinar distintas actividades económicas en el término “sector informal” es reducir la realidad. Gutiérrez recalca que uno de los problemas estructurales ha sido el no dar una definición clara y completa del sector informal, “por una parte se ha comprendido como lo opuesto a la economía formal, compuesta por la empresa privada y el Estado, entonces todo aquello que está afuera lo categorizan como sector informal” menciona.

Las preocupaciones de Mercedes y de los demás comerciantes informales frente a la reactivación económica se sostienen con un problema que ha identificado Gutiérrez: la marginación por parte de las instituciones públicas.

Sujetos de impuestos sin derechos

Para Julio Gutierrez, el Estado debe atender al sector informal de manera horizontal. “El mayor error que puede hacer un gobierno es hacer planes sin consultarle a las personas que desea ayudar” explica.

Así mismo, el especialista comenta que un posible riesgo para todo el sector informal, incluyendo la actividad del comercio a la que se dedica Mercedes son las políticas públicas sin tomar en cuenta la participación de los mismos beneficiarios y la desprotección de la seguridad social.

Desde la creación de la Mesa de Apertura Económica, hasta la discusión sobre los beneficiarios del proyecto de ley de Fideicomiso, no se ha anunciado un plan que brinde alivio económico y protección social a todas las personas que trabajan en el sector informal, en especial a los más vulnerables.

Fotografía por Secretaría de Prensa de la Presidencia

A estos desafíos se agrega la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de aplicar una reforma fiscal en la que el sector informal pague un mono tributo, una alternativa que la multilateral dio al Gobierno cuando aprobó un préstamo de $389,00 millones en el marco de la pandemia.

Respecto al monotributo, Ricardo Castaneda, un economista e investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) opina que la posibilidad de emplearlo puede darle beneficios al sector informal. “Lo veo como una oportunidad para que el sector informal pueda tener acceso al seguro social, a línea de créditos preferenciales” explica Castaneda. Además, dimensiona que El Salvador tiene niveles muy bajos de cobertura de seguridad social. “De acuerdo a las estadísticas de investigaciones que hemos realizado en ICEFI, una de cada cinco personas cotiza en el seguro social”.

Por el contrario, para Gutiérrez la idea de tributar al sector informal para saldar una deuda es aberrante. “Ellos han realizado trabajos esenciales que han sostenido a la economía en estas condiciones, de hecho, el sector informal ya está subsidiando al resto de la población con su propio trabajo” expresa. Y enfatiza que es más aberrante cuando los beneficios de ese endeudamiento ni siquiera llegan a estas personas.

Mercedes comenta que todos los vendedores pagan una mensualidad de $15 dólares a la alcaldía por el espacio en el mercado pero que no reciben ningún tipo de protección o ayuda por parte de este. “No hay mucha protección o sanitización tampoco llevan un control de los que estamos en la placita, pero siempre pasan cobrando al final del mes” expresa.

Puesto de Mercedes Estrada en la Plaza de Sonsonate. Fotografía: Mercedes Estrada

El alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, detalló que una de las medidas a implementar para controlar la propagación del virus en el municipio es la prohibición de las ventas ambulantes en las calles de la ciudad, argumentando que ellos aumentan las aglomeraciones. “El Cuerpo de Agentes Municipales y la Policía verificarán que no hayan vendedores informales en las calles, de encontrarlos, la mercadería les será decomisada” dijo Aquino.

Un camino cuesta arriba

La economía informal contribuye al empleo, los ingresos y los medios de vida, y en muchos países de ingreso bajo y de ingreso mediano tiene un papel económico importante. Sin embargo, los trabajadores de este ámbito carecen de la protección básica que los empleos del sector formal suelen ofrecer, e incluso de cobertura de seguridad social asegura Ricardo Castaneda, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

Según el artículo 3 de los estatutos del Seguro Social, “el régimen del Seguro Social obligatorio se aplicará originalmente a todos los trabajadores que dependan de un patrono, sea cual fuere el tipo de relación laboral que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración. Podrá ampliarse oportunamente a favor de las clases de trabajadores que no dependen de un patrono”.

El problema, según Gutiérrez, es que la seguridad social se ha visto como un privilegio y no como un derecho humano universal. Al no tener una definición clara de qué es el sector informal el Estado puede evadir el tema de una cobertura integral de seguridad social para todos aquellos trabajadores que no entren en una categoría ambigua como lo es “trabajo formal e informal”.

Mercedes comenta que ella no se ha contagiado pero que varias compañeras en la Plaza sí. “Uno no sabe a quién está atendiendo, si esa persona está contagiada o no, aquí no hay mayor protocolo y el problema es que si uno se contagia y no puede salir a vender, tampoco tiene que comer”, explica la joven.

El derecho a la salud, seguridad social, pensiones y seguros de vida deben ser universalizados, según comenta Gutiérrez y debe dejarse de lado la idea de privilegios y burocracias y velar por la dignidad humana en todas sus áreas.

Autos híbridos que contaminan más que los diésel o gasolina

Vehículo eléctrico por parte de Syrsa Automoción / DIARIO DE ALMERÍA 

Opus concluye que los autos híbridos son vehículos con emisiones contaminantes con  etiquetas ecológicas que eluden la ley de control de gases.

Por  Paola Franco 

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Fomento e Incentivos para la  Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos e Híbridos. Según la promotora de  la Ley, Martha Evelyn Batres esta tiene “el propósito de contribuir a la movilidad sostenible,  la protección del medio ambiente y la salud de la población, a través de la reducción de  emisiones de dióxido de carbono que producen los autos de combustión”, sin embargo  empresas certificadas como Firestone y OPUS RSE han contrarrestado anteriormente los  propósitos de la ley. Según Opus los autos híbridos solo contaminan menos si su uso es  eléctrico y por consiguiente si sus baterías no son recicladas apropiadamente causan un alto  impacto ambiental.  

A nivel Internacional según los datos publicados por Volvo en 2020, la marca sueca revela que, entre enero y junio han entregado un total de 37.775 híbridos enchufables. Una cifra que  supone un crecimiento del 80% respecto al mismo periodo del pasado año 2019. Según Opus  RSE los motivos del disparo en las ventas se debe que emiten, en teoría, emiten menos gases y los usuarios pueden circular sin restricciones cuando se activan los protocolos  anticontaminación. 

Según Firestone México los autos híbridos tienen igual cantidad de ventajas y  desventajas, pues se clasifican en 3 grupos: El primero es un auto de tracción  eléctrica y un motor térmico los cuales generan electricidad para recargar la  batería a tope y luego desconectarse. El segundo es el auto hibrido en paralelo  donde los dos motores antes mencionados eléctrico y térmico le dan fuerza a la  transmisión. El tercer auto es el combinado donde ambos motores impulsan el  vehículo al tener conexión mecánica con las ruedas. 

“En los 3 tipos de modelos los híbridos no cuentan con un sistema plug -in para  alimentarse en tomas eléctricas ya que generan su propia energía reciclada, lo que  significa que el auto solo se mueve con la energía que se haya acumulado. Si sus  baterías no se reciclan pueden tener un mayor impacto ambiental que el auto  común” explica Firestone. Además del aspecto de la energía los contras prosiguen  al contar con dos motores que incrementan su peso, son más caros que un vehículo  tradicional y la reducción de uso de combustible no es segura, pues varia de la  distancia que se recorra. 

Sin embargo Opus RSE, empresa española creada con el fin de medir las emisiones de cada  vehículo en carretera sostienen “que los híbridos, cuando circulan en modo combustión, emiten en promedio más que su homólogo en diésel o gasolina”, lo que significa que no existe una mayor ventaja sobre tener un auto tradicional a un hibrido. 

Desde Opus RSE las únicas ventajas están en las campañas de las compañías que producen  los autos, pues al estudiar las campañas determinaron que los autos son clasificados con

etiquetas Eco y Cero, lo que les permite eludir cualquier restricción de tráfico a los usuarios  que los adquieran. 

En las campañas según explica Opus RSE al periódico El Español, han comprobado,  basándose en los gases más comunes que “los turismos modernos Euro 6 híbridos-diésel emiten hasta un 40% más de NOX que los Euro 6 diésel puros”, quiere decir que el auto hibrido Euro 6 es más contaminante que el Euro 6 tradicional. Opus también explica que lo  mismo aplica para los autos de gasolina, pues al medir las partículas de gas son hasta un 50%  más contaminante. Lo que concluye según Opus que los autos híbridos son vehículos con  emisiones contaminantes con etiquetas ecológicas que eluden la ley de control de gases. 

Implementación de híbridos en El Salvador 

podcast: Autos Hibridos contaminan más ¿Realidad o ficción?

Según Rafael Aquino, técnico automotriz una de las grandes desventajas es que los autos híbridos son más pesados que los tradicionales, lo que hace que la combustión del auto no este optimizada como los vehículos tradicionales. La segunda es que las baterías de los autos  híbridos tienen que ser rigurosamente recicladas, seguir un protocolo y según Rafael “En El  Salvador no hay una cultura de reciclaje, ni siquiera reciclan la basura entre plástico, cartón,  orgánico, etc. ya no hablemos de una batería que requiere de mucho tratamiento. Sin reciclar  va a causar un mayor impacto ambiental que las propias emisiones de gas de vehículos de  diésel o gasolina”. 

Por otra parte Rafael resalta que a su experiencia automotriz de 35 años, que el promedio de  un salvadoreño es llevar al taller a reparar el mismo auto de combustión durante años, hasta  que el carro deje de funcionar definitivamente. Aquino destaca que considera que solo el  10% de la población en El Salvador compraría un auto hibrido, porque la economía del  salvadoreño promedio no le permite costear no solo el auto, sino los repuestos limitados e  igual de costosos que el vehiculo. Lo que refleja que no solo no generaría una contribución 

significativa al medio ambiente, sino también no tendría ningún beneficio económico al  salvadoreño promedio. 

Variables según los conductores  

Mauricio Mejía Ingeniero Mecánico en Grupo Q describe que las repercusiones al medio  ambiente al usar autos híbridos varían dependiendo de la cultura que tenga el usuario.  Depende si el usuario carga o no la batería, si la recicla correctamente, el modo en que circula  y la distancia que corre con el auto. Según Equa Index, empresa que mide el número de  emisiones de cada modelo de auto, determina que el modelo Peugeot 3008 diésel Euro 5 tiene  las mismas emisiones de gas que su modelo equivalente en hibrido.  

Según Rafael no solo es la falsedad que autos híbridos “no contaminan’’ sino también el  precio que pagan por un auto que no tiene mucha diferencia de un diésel o gasolina, pues el  costo va desde los 10,000 dólares, sin contar el mantenimiento especializado. Rafael explica  que hay modelos de vehículos que, a pesar de no contar con distintivo de Cero Emisiones, 

contaminan menos que otros que sí lo tienen. 

Rafael considera que la ley propuesta por la diputada Martha Evelyn es absurda, pues la  primera medida que se debe de tomar antes de importar autos híbridos al país, es controlar a  gran escala los autos, camiones, buses, etc. que si emiten altas escalas de emisiones de gas.  Mantener un control de los vehículos que circulan y que cumplan los lineamientos técnicos para las emisiones de gas. “Después de haber controlado la emisión de cada vehículo en el  país, si podemos hablar sobre avanzar a una nueva forma de circular” explica Aquino. 

La ley no solo afecta el bolsillo de la economía del salvadoreño promedio, sino también no  contribuye a un cambio positivo en el medio ambiente. Según OPUS RSE la solución 

primeriza es optar por utilizar vehículos con menos emisiones de dióxido de carbono y no  autos que prometen “no emitir ningún gas”.

“te querés ver como un hombre”, son los comentarios que reciben las concursantes femeninas de Fisicoculturismo en El Salvador

Por Karen Gómez

Las fisicoculturistas en El Salvador enfrentan grandes retos para sobresalir en este deporte, sin embargo, el amor y la pasión las motiva a seguir adelante con sus sueños.  

Competencia nacional de Fisiculturismo en el  2018/ Fotografía cortesía de Fitness Center

Perseverancia, constancia y paciencia son las palabras claves con las que Kimberly Diaz, llena de orgullo, describe el proceso y la preparación que se tiene que llevar para ser una competidora de fisicoculturismo en El Salvador.

Kimberly es una joven de 22 años, originaria del departamento de Chalatenango, que desde sus 17 años entrena su cuerpo y mente para participar en las competencias nacionales e internacionales de fisicoculturismo femenino, en la categoría de Body Fitness Juvenil, logrando en este nivel un primer lugar en las competencias nacionales, y un segundo y tercer lugar en la competencia Centroamericana  realizada en Honduras, en diferentes niveles, en el 2018.

Según la enciclopedia Cubana, el concepto de fisicoculturismo se define como un deporte que tiene como objetivo un desarrollo muscular completo y equilibrado que requiere de  expresión de fuerza y proporción corporal.

La joven competidora aborda que dentro de esta  disciplina existen diversos retos y procesos que se deben de llevar a cabo para lograr posicionarse en el nivel que estas competencias ameritan. “Este deporte requiere sacrificios, tiempo y dedicación 24/7, porque no solo se trata de la hora que entrenas o las dos horas, sino lo que comes en todo el día”, comenta Kimberly. 

Desde el momento en el que ella decidió  participar en las competencias de fisicoculturismo, se enfrenta a grandes cambios de rutina y hábitos. Y es así como ella debe de llevar una dieta sumamente rigurosa y equilibrada que debe cumplir siempre al pie de la letra, sacrificando comidas y salidas con familias y amigos.

Por otra parte, Kimberly comenta que la dedicación y capacidad al momento de entrenar debe de ser muy equilibrada y constante, ya que los músculos deben de tener cierto nivel de desarrollo para participar en las competencias. Esto se logra con dietas bajas en grasas y con ejercicios cardiovasculares y de pesas. 

La competidora señala que el reto más grande es mantenerse enfocado y motivado, ya que existen diversos comentarios o acciones que pueden llegar a desanimar y generar cierta inseguridad en las atletas, logrando que se pierda el objetivo y el enfoque de la preparación. Sin embargo, ella tenía muy claro su finalidad en este deporte y no dejó que los prejuicios le perjudicaran como para  retirarse de las competencias. 

Fabricio Hernandez, Presidente de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo y Deportes Afines (FSFC) comenta que este deporte requiere de cierto nivel de fuerza y de una capacidad física muy grande, por lo cual siempre ha sido adjudicado un deporte meramente másculino. Sin embargo, desde hace un par de años también se han abierto diversas modalidades femeninas, como lo son: Bikini, Body Fitness, Fitness, Wellness, Woman Ficit; estas siempre bajo el mismo objetivo y finalidad del Fisicoculturismo.

El momento de la pasarela era lo que más dificultaba comenta Kimberly/ Fotografía cortesía de Fitness Center

“Los músculos son para hombres”

Dentro de esta disciplina, los retos que enfrentan las mujeres son diversos, ya que no solo requiere  de entrenamientos constantes y de dietas ricas en proteínas y en carbohidratos, sino que, durante el proceso de preparación, las atletas deben afrontar  variedad de comentarios sexistas como “los músculos son para hombres”, “te vas a ver como un hombre”, comenta Kimberly.

“‘Te veías mejor antes’, era la expresión que más recibía. Yo ya estaba harta de ese comentario, ya que solo porque es un deporte que enseñas tu físico, las personas ya creen que tienen el derecho de opinar sobre tu cuerpo”, expresa Díaz.

La joven afirma que los comentarios, en el caso de las mujeres que practican el fisicoculturismo, siempre serán muy marcados y en constante comparación con el género másculino,  porque son parte de un constructo social que la misma cultura va creando. 

A la sociedad le hace falta aceptar que la mujer también se puede desenvolver en esta áreas que son reconstruidas como “masculinas”, aborda la atleta.

Karoline Alvarado, Socióloga y Técnica de Investigación del Servicio Social Pasionista, comenta que esta falta de aceptación del género femenino en algunos deportes se debe a cómo la sociedad ha creado un constructo de la masculinidad que consiste en ser fuerte, tener vigor, tener carácter, etc. Además de esto, en demostrar que el hombre está por encima de la mujer en cuanto a la capacidad física y psicológica. Se ha construido que el género femenino se debe desenvolver en otras áreas que no requieran de mucho desgaste físico, y que, de esta manera, puedan “lucir bien” ante los demás. 

Si bien es cierto este deporte se trata sobre la estética de un cuerpo, pero por el hecho que en unas modalidades el cuerpo de la mujer debe estar más desarrollado en cuanto a músculos, ya que se le adjudica que únicamente a quienes pueden practicar este deporte son los hombres, porque  se ha creído que son ellos quienes deben de tener músculos, no las mujeres, expresa Alvarado.  

La psicóloga Raquel Espinoza, de la clínica Psico-Equilibrate, aborda que la mujer,  al participar en los deportes que requieren de mucha fuerza y dedicación, rompen con ciertos esquemas mentales a los que la sociedad está acostumbrada, y por ello, algunas personas buscan minimizar el trabajo de la mujer haciéndole diversos comentarios que puedan dañar la psique de la persona competidora. 

Por otra parte, Fabricio Hernandez, considera que la expresión “te vas a ver como un hombre” es completamente errónea, ya que una mujer nunca podrá parecerse físicamente a un hombre. Si bien el fisicoculturismo busca un cuerpo con un 0% de grasa, que se desarrolle y se haga crecer los músculos, siempre será bajo la normalidad de cada cuerpo, mientras que no se utilice ningún tipo de sustancias que alteren el crecimiento de los músculos.

La socióloga Alvarado, quien también es columnista de la revista feminista La Brújula, comenta que estas expresiones fomentan de gran manera el machismo y la imposición del patriarcado en la sociedad, ya que, el hecho de comparar a las personas fomenta el concepto que un individuo puede ser débil o ser menos capaz de desenvolverse en los deportes debido a su género.

Sin embargo, estas no son las únicas adversidades que deben de pasar las competidoras de fisicoculturismo en El Salvador. Fabricio Hernández comenta que, muchas veces, las mujeres que están dentro de este deporte abandonan las competencias cuando ya cuentan con una pareja sentimental.

“Algunas mujeres con mucho potencial terminan fuera, a veces quizá por respeto a su pareja o sus parejas se lo exigen, pero si hay casos que se pierde el potencial deportivo de una mujer, ya cuando vienen a tener una pareja. Eso es lamentable”, expresa Hernández.

Competencia centroamericana de Fisicoculturista realizada en Honduras/ Fotografía cortesía

La psicología en los deportes

“El factor psicológico es lo que más agota. Por mi parte es lo que más me afectó” recuerda con mucho sentimiento Kimberly.

La atleta expresa que el fisicoculturismo es uno de los deportes que se debe de tener una mentalidad fuerte, porque se está evaluando lo estético, y esto puede generar problemas psicológicos, ya que, desde el momento que se sube a una tarima, las personas van a empezar a juzgar y a opinar sobre tu cuerpo.

En nuestra sociedad, este tipo de acciones y comentarios son normalizados, creyendo que por el hecho de ser mujer, las demás personas tienen el derecho de opinar y  decidir en qué tipo de deportes y de qué manera ellas pueden desenvolverse, opina Alvarado. 

Este tipo de situaciones generan un impacto psicológico bastante grande para las competidoras, causando ansiedad, baja autoestima e inseguridades. Ya que, no solo deben de lidiar con la presión de las competencias y del proceso, sino también deben de saber llevar de la mejor manera estos aspectos negativos, para que no les afecte al momento de concursar, aborda Espinoza.

Según la psicóloga Raquel Ezpinoza, la sociedad salvadoreña debe de comenzar a cambiar estos prejuicios y estereotipos que desde pequeños se han ido inculcando, como el que la mujer debe desempeñar un cierto rol y en este no entran algunos deportes, porque estos son considerados estrictamente para hombres. Hay muchas jóvenes que se apasionan por esta actividad, poniendo muchas ganas y esfuerzos en las competencias.

Kimberly, con mucho entusiasmo, comparte los procesos y los triunfos que ha tenido en estas competencias, sintiéndose orgullosa y segura de lo que ha logrado a pesar de las adversidades que ha tenido que pasar.

Las mujeres como Kimberly, que rompen los estigmas en la sociedad, “son aquellas que ayudarán a que un día al género femenino no se le imponga roles y normas que deban de seguir, evitando que puedan discriminar o señalar a la mujer por el hecho de participar en un cierto tipo de deporte que les apasione”, expresa la socióloga Alvarado.

Las fisicoculturistas deben de pasar por un proceso largo y difícil, en el cual deben de adaptar sus dietas, entrenamiento y estilos de vida para las competencias, generando esto un cierto estrés. Sin embargo, por el hecho de ser del género femenino esta carga y estrés se multiplica.

Luego de cada competencia Kimberly se iba a su restaurante favorita a comer lo que se le antojara/Fotografía cortesía.

El apoyo del gobierno en el fisicoculturismo 

El amor y la pasión por el deporte es lo que motiva a Kimberly a competir a llevar este estilo de vida como fisicoculturista, ya que, en estas actividades, los premios para las ganadoras son únicamente un trofeo de reconocimiento, porque la federación no cuenta con muchos recursos, ni mayor apoyo por parte del gobierno, para reconocer de una mejor el esfuerzo de las competidoras, aborda la atleta.

Kimberly nos aborda que la preparación para estas competencias son costosas, ya que se debe de cuidar mucho la alimentación para seguir con las dietas. Por parte de la federación, en algunas ocasiones, se le proporciona a las competidoras huevos y pollo, que son de los alimentos más consumidos por las fisicoculturistas. Sin embargo, el gasto es grande, ya que se debe de tener suplementos, comida y entrenamiento durante todo el proceso, y algunas veces no se les reconoce a las concursantes de la manera que se merecen. En algunos casos se cuenta con una ayuda monetaria a aquellos fisicoculturistas que ya cuentan con una amplia trayectoria, pero esto son unos cinco deportistas máximo, comenta.

Por otra parte, Farbricio Hernandez comenta que, como federación, cuentan con el mejor recurso humano y a través de este es como sobresalen, ya que, en cuanto al ámbito económico, la Federación de Fisicoculturismo es la cuarta de 47 federaciones deportivas con peor presupuesto en el país, afirma.  

“La falta de apoyo económico dentro las competencias de fisicoculturismo también es un factor desalentador para las atletas, ya que debes de conformarte con el trofeo y con el reconocimiento”, expresa Díaz.